Para dotar de seguridad el proceso de conocimiento del cliente y proveedores cuando la transacción así lo permita, la empresa o cooperativa DEBERÁ verificar la identidad del cliente y proveedor: NIT, dirección, teléfono y cualquier otra informaci6n adicional que se considere pertinente y se dejara constancia de la validación, per media de un documento físico o electrónico, indicando: firma de quien realizo el proceso, fecha y hora.

Los datos suministrados DEBERÁN ser actualizados y validados, por lo menos una (1) vez al año. Para ello, la empresa o cooperativa DEBERÁ comunicar al cliente y proveedor, la obligaci6n de suministrar los soportes necesarios para realizar el proceso.

Cuando la empresa o cooperativa celebre operaciones con personas expuestas políticamente, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1674 de 2016, DEBERÁ verificar sabre la autorización otorgada por el órgano competente para negociar o contratar y el origen de sus recurses.

Cuando las personas expuestas políticamente, cumplan con el proceso de verificación, el máxima órgano social, DEBERÁ aprobarla realización de las relaciones comerciales (o continuar, en el caso de los clientes existentes) y realizar seguimiento y control sabre esa relaci6n. Así como, a los cónyuges, compañeros permanentes y familiares hasta en segundo grado de consanguinidad y afinidad. DEBERÁ quedar constancia de la aprobaci6n de las relaciones comerciales con las personas PEP's.

El SIPLAFT que se adopte, debe contemplar herramientas que permitan establecer plenamente la identidad de los socios y accionistas, confirmar sus datos y tenerlos actualizados permanentemente. Así mismo, DEBE permitirle conocer la procedencia de los aportes en dinero o en especie, para lo cual se DEBERÁN requerir los documentos pertinentes. De la validación de los socios DEBERÁ quedar constancia del proceso.

La empresa o cooperativa DEBERÁ verificar los antecedentes de sus trabajadores o empleados, antes de su vinculación y realizar per lo menos una actualización anual de sus datos, y se dejará constancia de la validación, por media de un documento físico o electrónico, indicando: firma de quien realizo el proceso, fecha y hora. Cuando se detecten comportamientos inusuales en cualquier persona que labore en la empresa, se debe analizar tal conducta.

El SIPLAFT es el Sistema de Prevención y Control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual DEBEN implementar TODAS las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, sin importar si estas empresas se encuentran o no en operación (estén o no operando y/o activas), según los Artículos 1 y 2 de la Resolución 74854 de 2016 de la Superintendencia Transporte.

El SIPLAFT tiene como objetivo fundamental minimizar la posibilidad que, a través de las distintas actividades de la empresa, se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

Es la Unidad de información y Análisis Financiero, creada mediante la ley 526 de 1999, modificad por la Ley 1121 de 2009, como unidad administrativa especial de Inteligencia Financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como fin prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la centralización, sistematización y análisis de información que recauda, con el fin de entregar información a las autoridades competentes. Asimismo, divulga información relacionada con estos delitos para mejorar los controles de aquellas personas, naturales o jurídicas, que sean susceptibles de ser usadas. Es una institución central, nacional, encargada de recibir y, si lo tiene permitido, solicitar, analizar y trasladar a las autoridades competentes comunicaciones de información financiera relacionadas con i) fondos de los que se sospeche un origen ilícito y/o una posible financiación del terrorismo, o ii) requeridas por la normatividad nacional, con el fin de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Si bien las UIF varían considerablemente en su tamaño, estructura, composición, funciones y naturaleza, todas comparten el objetivo común de impedir que los criminales usen los sistemas financieros y otros sectores de las economías nacionales para beneficiarse de sus actividades ilícitas.

Para más información ingrese en el siguiente link: www.uiaf.gov.co